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ACABA LA GUERRA. LAS
DEPURACIONES
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Recuento firmado por Mateu y Llopis de los volúmenes existentes en la Biblioteca
de Vallecas en enero de 1940 |
Muchas bibliotecas municipales fueron destruidas
parcial o totalmente durante la contienda; otras
continuaron su actividad posteriormente, previa
depuración de sus fondos. Algunas de las que no
sufrieron daños materiales acabaron abandonadas por
falta de público. Según García Ejarque, el 75 %
de las bibliotecas municipales republicanas sucumbió
tras la guerra y calcula que se destruyeron 155
establecimientos (García Ejarque 2000).
La de Vallecas volvió a funcionar en enero de 1940. En
una hoja aparte, pegada en el segundo Libro de Registro
y firmada por Felipe Mateu y Llopis, aparece el recuento
efectuado el 2 de enero de 1940. A fecha de 31 de
diciembre de 1936 había registradas un total de 3.187
obras; y a 2 de enero de 1940, la cifra total era de
7.814 volúmenes. La biblioteca había crecido en 4.027
ejemplares.
¿Pero cuál es la procedencia de este crecimiento? Las
anotaciones del año 1940, muchas de ellas inscritas en
los meses de febrero, marzo y mayo, aparecen bajo los
epígrafes ―Obras incautadas y Agregadas o
―Incautación o ―Recuperación o
marcadas con la letra R .
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Ley de febrero de 1939 que
fija las normas del régimen franquista para la depuración de funcionarios
públicos |
Son obras editadas antes de 1932 consideradas "no
dañinas", bastantes sobre la historia del arte,
incautadas a otras bibliotecas cerradas por el régimen.
El Libro de Registro sigue reflejando más obras
procedentes de incautación en los años siguientes hasta
marzo de 1944.
La depuración de las
bibliotecas se llevó a cabo durante y después de la
guerra civil. Desde el Ministerio de Educación Nacional
se ordenó la “depuración de las bibliotecas escolares,
de Misiones pedagógicas, circulantes, de recreo, etc.,
retirando de ellas los libros inmorales, propaganda de
doctrinas marxistas y todo lo que signifique atentados a
la unidad patria, menosprecio a la religión
católica y oposición al glorioso Movimiento
Nacional”. Entre los títulos retirados, aparte de los
más políticos, aparecen clásicos de la literatura. Como
los fondos de las bibliotecas públicas eran bastante
similares, los expurgos también lo fueron.
Los detalles del expurgo de la Biblioteca Pública
Municipal de Vallecas pueden seguirse también a
través de su Libro de Registro. Constan anotados como
baja al lado derecho de las obras. Entre otros muchos
aparecen dados de baja: Los Siete Libros de la Sabiduría
de Séneca, obras de tipo político sobre la reforma
agraria o los soviets, pero también la obra de
Sánchez Rivera Lo sexual. Peligros y
consecuencias de las enfermedades y vicios sexuales;
todas las de Blasco Ibáñez, L. N. Andréiev, Emilio Zola
o Máximo Gorki y otras muchas de Ortega y Gasset, Benito
Pérez Galdós, Valle-Inclán, Oscar Wilde, Dostoievski o
Tolstoi.
Aparte de las incautaciones, las compras por parte del
Ayuntamiento y los donativos de la nueva Junta de
Intercambio (a partir del 2 de julio de 1940) son, como
era previsible, obras de Ramiro Ledesma, José Antonio,
Luis Rosales, Manuel Machado o el propio Franco.
Las depuraciones de bibliotecarios
A medida que avanzaban las tropas franquistas se
firmaban leyes represivas. La Ley de
10 de febrero de 1939 fijando normas para la depuración
de funcionarios públicos supuso el corolario a todo un
conjunto de decretos y órdenes promulgadas al poco de
iniciarse la guerra.
Se invitaba a la delación de los propios compañeros y mantuvo como señal
inequívoca de su aplicación la arbitrariedad en los
expedientes de depuración (Redondo Abal, 2012).
Los funcionarios más castigados fueron sin duda los maestros
y profesores en todos sus niveles, pero también bastantes
integrantes del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos que pagaron caro su pasado
republicano. Un elevado porcentaje de sus integrantes
(cercano al 25%) sufrirá al término de la guerra
las consecuencias de la depuración franquista.
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Maria Moliner |
Como el resto de los funcionarios, todos los miembros del
Cuerpo, tanto los que habían permanecido en el bando
republicano, como los que no, fueron sometidos al
procedimiento establecido por la Ley de 10 de febrero de
1939 de depuraciones. En virtud de los procedimientos, unos
fueron declarados ―pronunciados‖, es decir pudieron
permanecer en el servicio tras demostrar su lealtad o
afinidad con el Nuevo Estado, o sencillamente que habían
sido siempre apolíticos o no se habían demostrado
abiertamente simpatizantes del Gobierno Republicano.
Algunos de los que fueron declarados culpables de
apoyar a los perdedores pagaron con su vida o se exiliaron;
otros sufrieron la separación definitiva del servicio o
fueron postergados (Torreblanca 2008).
En aquel momento la carrera de los funcionarios y
sus remuneraciones estaban estructuradas por el sistema
de escalafones en el que primaba la antigüedad y que no
desapareció definitivamente hasta 1973, año en el que se
implantó la clasificación de puestos de trabajo y las
plantillas orgánicas (Torreblanca 2008).
La sanción de postergación se establecía durante un
periodo que podía abarcar de uno a cinco años y con ello el
funcionario quedaba paralizado dentro del escalafón, siendo
superado por aquellos que le seguían. En tiempos tan
convulsos no faltaron quienes de forma artera y, en muchos
casos anónima, acusaban a los que les precedían para poder
medrar. Eso dio lugar a la irónica frase ―¿Quién es masón?
El que va por delante de mí en el escalafón.
 El
bibliotecario de Vallecas Felipe Mateu y Llopis salió
bien parado, sin ninguna sanción de su expediente de
depuración. José María Lacarra, conocido medievalista y
archivero, cercano a las posiciones falangistas, quien tuvo
un papel protagonista en la depuración de los funcionarios
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, a través del informe sobre ―los
funcionarios del Cuerpo y mediante las declaraciones
efectuadas en la instrucción de los expedientes de
depuración de sus compañeros, incluye a Mateu y Llopis
entre el personal del Cuerpo Facultativo que demostró
con hechos su adhesión a la causa del Movimiento
Nacional (Pérez Boyero 2010, 282).
María Moliner fue sancionada con la pérdida de 18 puestos
en el escalafón del Cuerpo Facultativo de Bibliotecas. En
el informe del juez instructor el 13 de noviembre de 1939 es
calificada de roja por los testigos declarantes (entre
ellos Felipe Mateu y LLopis). Más tarde, se consagrará a
la realización del famoso Diccionario del uso del
español (Martínez Rus 2014, 101). |
